Los funcionarios estatales, que velan por el cumplimiento de las disposiciones gubernamentales del rubro privado en los pequeños negocios, se tropiezan que estos empresarios poseen orientaciones generales de lo que pueden vender sin especificación concreta de los productos a comerciar, esta ambigüedad crea las condiciones que justifica imponer sanciones financieras y hacen que los cuentapropistas coexistan en el limbo de la ley.
Aún cuando, la economía es gubernamental y es liderada por el Estado con creses en más del 90 %, éste carece de almacenes al por mayor para suministrar a los pequeños comerciantes, también esta falta repercute de forma negativa en las oportunidades de venta del pequeño empresario, efecto, el negocio sobrevive en un círculo vicioso y desordenado en medio del burocratismo gubernamental.
Por tanto, tienen que recurrir a las relaciones comerciales al por menor en las red de tiendas estatales para adquirir las mercancías, y trasladarla al barrio o localidad elevando el precio original para lograr un mínimo de ingreso por el concepto de puesto en casa.
Por otra parte, el principio Productor-Vendedor, que exige el Estado al negocio privado, y que se traduce en poseer el 40 % de respaldado con vales adquirido del comercio gubernamental y el 60 % debe ser elaborado con medios propios, es decir todo debe estar certificado. Al fallar el abasto al por mayor, ya que no suministran ni bienes elaborados ni materia prima para producir, por cuanto bajo esta condición el pequeño sector privado se encuentra en permanente reprensión legal.
Mientras, el ejército de inspectores se beneficia de las deficiencias de la reglamentación del comercio que resulta confusa y que aprovechan los inspectores de la ONAT (Oficina Nacional de la Administración Tributaria) para incriminarles altas multas, éstos medran con la supuesta indisciplina de hacienda, y para reducir las multas es a costa de recibir una cantidad en especie o equivalente en dinero por una cuantía menor de la sanción financiera potencial que amenazan imponer.
Los revisores de la ONAT, se sirven del río revuelto y se le atribuye una tendencia a la corrupción y al abuso de poder, ambas inclusive, en medio de la burocracia gubernamental lucran a costa del sacrificio y el trabajo del capital del pequeño rubro privado vilipendiando sus ganancias.
Y así está la cosa en Cuba, mientras ser Prefecto-ONAT es acumular capital con dolo.
Contracandela 